El análisis político circunscrito a izquierdas y derechas, aunque cómodo por frecuencia y costumbre, adolece de obsoleto. Cuando lo que denominamos progresismo, es una “izquierda caviar” propiciada por las grandes fortunas. Cuando vemos que la bancada conservadora está permanentemente asustada, y es incapaz de enarbolar una verdadera oposición a nada, ni a nadie. Cuando no hay diferencias programáticas entre la mayoría de los partidos, y su único elemento común es su bajo nivel, es que nos encontramos al final de un camino. Porque posiblemente hay más senderos, que esta encerrona donde nos han acorralado unos políticos que día a día, demuestran su impostura, su ignorancia y su falta de escrúpulos.

Creo que una clasificación más adecuada, más actualizada, son los que están a favor de la agenda 2030, y de los que intentan defendernos de esta desaforada e irracional globalización. A todos se les llena la boca, orgullosos de su rosco multicolor en la solapa, pero cuando les preguntas sobre cualquier aspecto del programa de la agenda 2030 se aturullan, y solo sueltan eslóganes publicitarios y plenamente inconsistentes. Están tan acostumbrados a repetir esos mantras, como cuando alocadamente combinan palabras como progresismo, libertad, desarrollo, que han olvidado su sentido original. Son solo estereotipos, decorados, camuflajes, que solo reflejan la falta de contenido, de estrategia, de ideas. 

Pero sobre todo hay una carencia fundamental en la política española en la actualidad. Es bastante sencilla: el sentido común. Nos hace falta sentido común. Nos sobran los artistas, payasos, vividores de lo público, ideólogos de instagram y reyes del más burdo postureo. Sentido común, responsabilidad, capacidad de trabajo, instinto de superación y un sincero y comprometido espíritu de servicio. Además, en los últimos meses, estos megalómanos del gobierno, no paran de repetir que hacen historia. Hacen historia por profanar tumbas, pasan a la posteridad por leyes que demonizan a los hombres y excarcelan violadores y ahora su Sanchidad, va a ocupar un destacado lugar por su nueva, revolucionaria y absolutamente genial Ley de la Vivienda. De nuevo y de acuerdo con las brillantes nominaciones que se otorga a sí mismo, el Gobierno Sánchez ha vuelto a adoptar una decisión “histórica”. En este caso se trata de la proyectada Ley sobre el Derecho a la Vivienda que, en realidad, viene a ser una nueva ley de arrendamientos urbanos con un discutible calado y un impracticable y corto recorrido.

Las soflamas en torno a este desatino, denominado ley de vivienda, refuerzan la impresión de que las iniciativas gubernamentales no responden tanto a la voluntad de solucionar problemas como a la de mandar mensajes. Es marketing, que es una ciencia, pero esto solo es publicidad de la barata, y además, es publicidad engañosa. Su Sanchidad ha prometido a un mes de las elecciones autonómicas 50.000 viviendas. La verdad es que la cifra importa poco. Han prometido tantas cosas, y no han cumplido nada, absolutamente nada. Estas promesas son un insulto a la inteligencia, pero es que nos tienen cogida la medida. Lo saben perfectamente. 

Nuestro amado Gran Timonel y su gobierno no han adoptado ninguna medida para la resolución del problema de la vivienda. Unos meses antes de las próximas elecciones legislativas, es cuando despiertan de su irritante inacción. Nos regalan cifras tan exitosas, como inverificables. Nos basta con la sencilla y pura lógica. Es indiferente la materia que aborden. Si es economía, justicia, relaciones exteriores, medio ambiente…mienten de forma compulsiva y desaforada. A estos iluminados se les llena la boca, hablando de éxitos de todo tipo, cuando tenemos unos  índices coyunturales que mueven, cuanto menos, a la más que razonable duda.

Las viviendas que publicita nuestro Presidente, y que NO TIENE, corresponden al banco malo. Un engendro financiero, repleto de productos tóxicos, por el que la clase política decidió socializar las pérdidas de las entidades bancarias, en la crisis del 2008-10. Llevan más de 10 años, y los activos existentes, es evidente que ni son bienes, ni son viviendas asequibles, ni van a solucionar nada. De las viviendas de la SAREB solo una pequeña parte está en condiciones de poder salir al mercado. Y de esa reducida parte, sólo a su vez una minúscula porción se encuentra en las que se denominan “zonas tensionadas”. Para ser exactos, de las 50.000 viviendas de la SAREB ni siquiera todas están construidas. Más de 10.000 se encuentran pendientes de obras que les permitan la habitabilidad y otras 15.000 o están okupadas, o ya están en régimen de arrendamiento. Parece ser que finalmente el gobierno contaría con unos 9.000 inmuebles, muchos de los cuales están emplazados en zonas no tensionadas, o directamente apenas hay demanda. 

Al equipo de su Sanchidad le encanta intervenir, les fascina organizarnos la vida. En su día a día, en sus resultados, son un absoluto desastre, pero se pierden por organizarnos la vida a los demás. Les fascina, les obsesiona…son unos adorables liberticidas. Este desvarío legislativo pretende ayudar a los arrendatarios de viviendas pero haciendo recaer el coste de la ayuda sobre los arrendadores que serán los que sufrirán la prolongación sine die de las limitaciones al aumento anual del precio del arrendamiento de su vivienda y, consecuentemente, al propio precio. También se penaliza a los arrendadores dificultándoles la vía del desahucio ante los impagos de los arrendatarios. No olvidemos que se trata de cercenar la menguada rentabilidad, de la principal herramienta de ahorro que mantiene la clase media española. 

El desparrame legal es de tal calado, que más que un artículo, sería mejor un documental. Como botón de muestra he de indicar que los propietarios que ante esta nueva coyuntura opten por retirar su vivienda de la oferta del mercado, se prevé como penalización la imposición de un recargo en el IBI de su inmueble que puede llegar hasta el 150%. Con estas penalizaciones se está induciendo a que disminuya la adquisición de viviendas como canalización del ahorro lo que lleva inevitablemente a una reducción de la oferta de viviendas en alquiler. Se sacan de la manga un nuevo índice, sustitutivo del IPC, para topar los incrementos anuales que pudieran realizarse. Incluso, finalizando el contrato, incluso con nuevos inquilinos, también se limitan los precios en el marco de la nueva ley. 

 

Resulta notorio  que el hecho de que el acceso a la vivienda sea un derecho no implica que el Estado –es decir, el resto de la ciudadanía– estemos obligados a facilitárselo.  El sátrapa de la Moncloa lo ha vuelto a hacer y ha soltado su bola, con la clara conciencia de que mentía, pero sabiendo, eso sí, que a la mañana siguiente todos sus palmeros repetirían sus consignas. Esto es el sanchismo en estado puro, en sus vertientes política y mediática. Por eso les encantan las emergencias, las sanitarias, las energéticas, las climáticas…y para todas la misma solución: restringir derechos y aumentar impuestos.

Luis Nantón Díaz