Desde hace años este eje fundamental de la separación de poderes pierde “fuelle”, en base a los hechos consumados y a las negociaciones exclusivamente partidistas de unos políticos obsesionados por el corto plazo, por los réditos inmediatos y por el control total. Aprovechando la pandemia, el poder ejecutivo se ha arrogado funciones verdaderamente totalitarias, con el silencioso consentimiento de un PP que poca oposición presenta. El gobierno, el poder ejecutivo, literalmente se ha comido a los otros dos poderes, mientras televisiones y prensa en serios apuros financieros, hacían caja, a cambio de un apoyo total a cualquier cosa planteada por el presidente Sánchez.

En la reciente apertura del año judicial ha sorprendido a todos, gobierno y oposición, el discurso de Carlos Lesmes, en su calidad de presidente del Tribunal Supremo (en funciones), apostando por la indispensable independencia del mundo de la justicia. Al parecer, solo el 50% de los jueces españoles están integrados en las diferentes asociaciones profesionales, que, en su mayoría, conllevan cierto partidismo. Abogar por lo apolítico es un absurdo, dado que se puede aspirar a ser apartidista, pero ser apolítico, es reconocer que no tienes una visión concreta de estado, no estando en el mundo.

De la reacción del Gobierno y el PP,  tras el discurso, se desprende que la renovación del CGPJ sigue estando más que distante. Ambas formaciones políticas parecieron abrir un nuevo escenario de negociación, pero en realidad creo que le importan un “rábano” las propuestas y ruegos del Sr. Lesmes. Todos los líderes, que se han repartido el poder en estos últimos cuarenta años,  pusieron encima de la mesa la posibilidad de pactar la renovación con el sistema actual de elección de los vocales y estudiar una reforma para el futuro, pero eso es lo que dicen siempre, y solo hay que tirar de hemeroteca. Esta historia viene de muy lejos, en 1985, con el cínico desparpajo de siempre, Alfonso Guerra aseguró que Montesquieu había muerto.  Este líder de los descamisados tenía buenas razones para su categórica afirmación.  El PSOE, en pleno poder y con mayoría parlamentaria, reformó la ley del poder judicial con la excusa del excesivo corporativismo del colectivo, pero con el objetivo de controlar al máximo las decisiones de la justicia. El bipartidismo siempre ha apostado por esta misma tónica.

El Consejo General del Poder Judicial cumplió más de mil días en funciones este pasado mes de agosto. La situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces se remonta a diciembre de 2018, cuando terminó el mandato de cinco años que consagra nuestra Carta Magna. Desde ese periodo, el infumable bloqueo se ha mantenido, ya que es necesario un acuerdo mayoritario del Parlamento; concretamente una mayoría reforzada de tres quintos de los integrantes de las Cortes Generales. Hasta que ese acuerdo no se alcance, los 20 vocales, más bien los que quedan en la actualidad, no pueden ser renovados.

 

Si realmente a cualquiera de estos partidos, y sus grupos de poder le preocupara la independencia de la justicia, el tema ya estaría resuelto. El problema es que ambos grupos, lo que desean es tener subyugado al poder judicial. Pese al teatral espectáculo que han montado estos años, no hay nada que impida al PSOE alcanzar un acuerdo de renovación con el PP y superar la mayoría necesaria. No accede porque no le da la gana, y le es más cómodo, aunque sea brutalmente atroz para el país, alcanzar los acuerdos con Podemos, Esquerra o Bildu, ya que no desean acuerdos con nada que tengan a su derecha. Exactamente lo mismo nos encontramos con el PP, cuya última Presidencia en el Gobierno, se instituyó como un albacea del iluminado de Zapatero. Una mayoría absoluta, para no acometer ni una gran reforma de las prometidas, incluyendo que el poder judicial continuara siendo politizado hasta la médula.

El PSOE está en su perfecto derecho, así son las estrategias de los partidos políticos, solo piensan en sus redes clientelares, y en su proyección a medio plazo. Por esa misma perspectiva el PP tiene exactamente el mismo derecho a negarse a pactar con el PSOE si no se atienden sus exigencias. Porque ésto va de exigencias para que realmente nada cambie, y ésto continúe siendo un cambio de cromos, donde solo pierde la justicia…la justicia y los españoles.

Con la espeluznante demora en actuar del Tribunal Constitucional, en temas trascendentales como la inconstitucionalidad de todo lo relacionado con la emergencia sanitaria, las instituciones no quedan bien paradas. Cuando la justicia llega tarde, y sobre todo por condicionamientos políticos, ni es justicia, ni es nada. Qué decir del absoluto bochorno de los indultos a unos golpistas, que llevaban años prevaricando con los recursos de todos, que se saltaron durante años todas las advertencias, toques de atención, generosas medidas conciliadoras y finalmente quebrantaron todas las leyes, como todo el mundo sabe, pero no pasa nada, se les otorga un injusto indulto, que ni piden, ni merecen, para que el gobierno pueda continuar con su agenda 2030.

Los políticos pretenden un poder judicial servil, como la Fiscalía. Todos los partidos del viejo sistema, porque esto es puro mercadeo, quieren exactamente lo mismo, pero por suerte, los que diseñaron la Constitución plantearon límites y normas, para evitar que el ejecutivo de turno hiciera y deshiciera. Hasta el momento los partidos “ganan la partida” alcanzando sus objetivos, con el consiguiente deterioro de la justicia, fomentando la directa politización de los jueces, y estableciendo sistemas promocionales para los dúctiles y obedientes. Menos mal, que en su gran mayoría contamos con un sistema que todavía es tan profesional, como garantista. Los políticos han olvidado que la soberanía del pueblo español, pese a los medios, recae en las Cortes Generales, y si ésto, como suele ocurrir, se lo pasan por el arco del triunfo, están despreciando al pueblo español.

Si en algún momento, sea en base a la pandemia, a la inflación, o al cambio climático los partidos logran poner a su servicio al Poder Judicial, les aseguro que podemos olvidarnos de esto que denominamos democracia. Visto el bagaje del presidente Sánchez y sus 17 replicantes, la deriva totalitaria sería imparable. Por eso fomentan el miedo, pero debemos luchar por continuar amparados por los principios del derecho. Ni el PSOE, ni el PP bloquean ningún acuerdo para la renovación, es la Constitución quien, vigilante, está bloqueando los repartos de los políticos, de igual manera que la Constitución es la que bloquea la autodeterminación o la pena de muerte.

Luis Nantón Díaz